El martes 9 de abril, la Fiscalía General anunció la detención de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente venezolano, por su presunta implicación en la trama de corrupción denominada Pdvsa Cripto, que involucra a altos funcionarios y empresarios en una red de cobro de coimas para garantizar acceso a contratos con las empresas estatales, asignación ilegal y «a dedo» de cargamentos de petróleo, coque y fuel oil, ventas por debajo del valor de mercado y manejo irregular de los fondos públicos.
La detención de El Aissami, que estaba desaparecido del ojo público desde marzo de 2023 tras su renuncia a la cartera de Petróleo, se suma a un problema que parece crónico: la corrupción dentro de la estatal venezolana, la principal fuente de ingresos de la nación.
De los últimos ocho ministros que han pasado por ese cargo –desde el año 2005– cuatro han sido señalados por las autoridades venezolanas de estar involucrados en grandes esquemas de corrupción que defraudaron millones de dólares.
El monto del daño patrimonial nunca ha sido divulgado con precisión por el Ministerio Público, que tampoco ha informado sobre la cantidad de bienes recuperados o incautados en cada una de estas operaciones. El estado judicial de uno de los acusados también es incierto.
Según estimaciones de Transparencia Venezuela, tras una revisión a 127 casos de corrupción relacionados a la estatal en los últimos 20 años, se han defraudado más de 42.000 millones de dólares. En ese monto no está incluida la trama de Pdvsa Cripto, que según cálculos de la organización y Ecoanalítica, alcanzan pérdidas de 16.960 millones de dólares.
Con información de talcualdigital.com
A continuación, las claves de esta detención:
El momento
Sin haber dado señales antes, la Fiscalía de Venezuela, anunció que esta detención -que se produjo 385 días después de que el ministro renunciara a través de X- forma parte de la segunda fase de la operación anticorrupción, de la que las autoridades dejaron de informar a mediados de 2023, cuando habían detenido a 54 personas.
El momento de la aprehensión fue mostrado por el canal Venezolana de Televisión (VTV), mientras el fiscal general Tarek William Saab, llamaba «canallas» a El Aissami, Zerpa y López, quienes -aseguró- usaban «sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales» mediante «la asignación de cargas» de crudo «sin ningún tipo de control administrativo».
La noticia llegó cuando el país está inmerso en un ambiente electoral, de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro, buscará una segunda reelección consecutiva.
El destino
Ahora, los tres detenidos se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a 30 años de prisión, la pena máxima en el país, pues están acusados de delitos graves como traición a la patria y legitimación de capitales, así como «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias».
A juzgar por las palabras de William Saab, la sanción será más dura contra El Aissami, a quien calificó como el «jefe del pranato (organización delictiva)» de esta trama corrupta relacionada con Pdvsa.
El fiscal, que se negó en 2023 a dar detalles sobre el destino de El Aissami, afirmó este martes que la investigación «continúa abierta» y que no se descartan «nuevas detenciones», que se paralizaron luego de que dos de los recluidos murieran bajo custodia: uno por suicidio y otro por una enfermedad preexistente.
La reacción
La sorpresiva detención acaparó la atención mediática el mismo día que Maduro se reunió en Caracas con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y qué representantes de la Unión Europea (UE) se reunieron con autoridades del ente electoral para explorar la posibilidad de una misión de observación en los comicios de julio.
Al debate en redes sociales se unió el candidato presidencial Antonio Ecarri, quien pidió a la Justicia dar una explicación al país sobre el dinero desfalcado en esta trama que, según estimaciones independientes, supera los 16.000 millones de dólares.
Dijo que gerentes de Pdvsa «han estado implicados en tramas de corrupción, mientras los venezolanos están sin salarios, sin seguridad social y sin servicios públicos dignos».
La misma pregunta planteó José Brito, también candidato presidencial, quien pidió a las autoridades aclarar «cuál es el plan de acción con ese dinero» y aplicar «mano dura a la corrupción».