Más de 10.000 pollitos vivos de un cargamento de 25.000 que sería exportado de Colombia a Venezuela, murieron en un depósito de la Zona Franca de Cúcuta, luego de que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) colocó varias trabas para el paso de esta mercancía, ocasionando pérdidas económicas de aproximadamente 20.000 dólares.
Por Anggy Polanco / Corresponsalía lapatilla
La información la dio a conocer Yezid Sarmiento, gerente aduanero del Norte de Santander, Colombia, quien expuso que los pollitos bebés permanecieron dos días en la citada bodega, esperando respuesta del ICA, hasta que comenzaron a fallecer. Estos animales son de tratamiento muy delicado.
La otra mitad de pollitos que comenzaron a enfermarse en el depósito, fueron llevados a un incinerador de Bucaramanga. Vale decir que estos animales serían llevados a Barinas y Carabobo.
El cargamento de pollos para exportación era comercializado por la empresaria colombo-venezolana Ziley Luna, que en meses anteriores realizó dos importaciones de pollos vivos hacia Venezuela siguiendo los mecanismos legales y bajo convenios comerciales cumpliendo con los respectivos permisos que exige el Instituto Nacional de Salud Agrícola (Insai) y su homólogo el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
No obstante, en este tercer proceso de importación de 25.000 pollitos, el ICA les manifestó que un comercializador de Colombia no podía exportar hacia Venezuela, explicó la empresaria.
Dijo que solicitó, a través de una carta enviada el 24 de marzo, una explicación al ICA sobre la medida, en vista de que la empresa en Colombia está legalmente constituida y abarca exportaciones, pero la institución colombiana no dio respuesta.
Cabe destacar que para el pasado miércoles, la incubadora tenía programado un nacimiento que estaba ya comprometido para la exportación, explicó.
El 28 de marzo, las empresas involucradas efectuaron una solicitud del certificado zoo-sanitaria de exportación, y al siguiente día llegaron los pollos a la Zona Franca, momento cuando recibieron el rechazo del certificado.
“Por qué razón ellos dicen que hicieron una capacitación a las incubadoras, por qué no notifican al Insai en Venezuela para dar a conocer que los únicos que van a poder importar son las plantas incubadoras”, expuso Luna.
Los empresarios afectados aseguran que el Estado colombiano ahora debe resarcir los daños ocasionados, ya que son emprendedores que siguen los mecanismos legales, tanto en Colombia como en Venezuela, por lo que las leyes colombianas debieron responder a tiempo para evitar tales pérdidas.
“Es un daño económico y moral que nos hicieron” expuso Luna.