Durante el 186° periodo de sesiones de audiencia pública realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de presos políticos y personas beneficiarias de medidas cautelares que están privadas de libertad en Venezuela, resaltaron mediante un derecho de palabra el patrón de graves vulneraciones de derechos humanos, así como el caso del director de FundaRedes, Javier Tarazona, detenido de forma arbitraria desde el 2 de julio de 2021.
La realización de este periodo de sesiones de la CIDH, “seguimiento de medidas cautelares sobre personas beneficiarias privadas de libertad en Venezuela”, se llevó a cabo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde la ONG defensora de DDHH FundaRedes tuvo importante participación a cargo de su directora encargada, la abogada Clara Ramírez, quien aseguró que en 2020 Javier Tarazona fue beneficiario de una medida cautelar de la CIDH, en vista de su alto riesgo por defender derechos humanos en la frontera venezolana.
“Por el riesgo en el que se desenvolvía el director de FundaRedes, Javier Tarazona, y por el contexto de riesgo en el país, la CIDH consideró otorgarle la medida cautelar. Sin embargo, esta fue omitida por el Estado, ya que continuaron los amedrentamientos y hostigamientos contra su persona, seguido de su detención el 2 de julio de 2021”, así lo señaló Clara Ramírez.
En medio de su intervención en la audiencia pública de la CIDH, Ramírez denunció las distintas vejaciones a las que ha sido expuesto este defensor de derechos humanos.
“Ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posterior a su detención. Ya en este momento se cumplen 613 días de su detención”.
Por su parte, Oswaldo Cáceres, activista de FundaRedes, agradeció a la comisión de la CIDH que mediante la resolución de fecha 30 de octubre de 2022 haya dado seguimiento a la medida cautelar aplicada a Javier Tarazona, “y que a su vez se haya solicitado al Estado venezolano que asegure y garantice la vida e integridad personal del defensor de DDHH, y que además cuente con iluminación, ventilación adecuada, así como posibilidad de acceso a espacios de recreación”.
Hizo énfasis en que el Estado debe evitar cualquier tipo de aislamiento contra el beneficiario o cualquier otro castigo en su contra.
“Javier Tarazona debe recibir atención y tratamiento médico de calidad, le deben permitir el acceso a médicos particulares por su delicada condición de salud”.
De igual forma, se detalló en la participación de FundaRedes en la sesión de la CIDH, que el Estado venezolano no ha cumplido hasta el día de hoy, con ninguna de las medidas solicitadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, agregando que el activista y defensor de DDHH padece de hipertensión arterial, arritmia cardiaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, soriasis, blefaroespasmos, fisuras rectales y alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol.
En cuanto al proceso penal donde se le imputan los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, se informó a la CIDH que se está llevando a cabo la audiencia de juicio oral y público de Javier Tarazona, así como de Rafael Tarazona y Omar de Dios García, y que fue interrumpida en octubre de 2022, reiniciando desde cero en diciembre.
FundaRedes agradeció que se tomen en cuenta las condiciones de reclusión del director de esta organización, ya que es el único defensor de DDHH privado de libertad en Venezuela.
Seguidamente en el segundo derecho de palabra de FundaRedes en el 186° periodo de la CIDH, Clara Ramírez recalcó que “al hablar del tema de las mujeres, que también son víctimas, la medida cautelar que la comisión le otorgó a Javier Tarazona fue extensiva a su madre e hijo mayor, pero ell Estado venezolano no la respetó, ya que posterior a su detención, el Sebin irrumpió en su vivienda trasladando a su mamá, la señora Teresa de Jesús Sánchez, a un sitio desconocido por algunas horas, irrumpiendo la medida cautelar que también tenía”.
En cuanto la manifestación por parte del Sistema Interamericano, Julissa Mantilla Falcón, relatora y presidenta de la Comisión, detalló que “el Estado se encuentra en una condición especial de garante para salvaguardar el bienestar de las personas reclusas, y donde no sobrepase los límites, sumándole que a pesar de la condición de reclusión, deben velar por el cumplimiento de los derechos de cada uno de los privados de libertad, en especial el derecho a la vida, integridad personal, así como el acceso a servicios básicos e indispensables para tener una vida digna, como esencia de los derechos humanos”.
Cerró su intervención brindando su solidaridad y afirmando que continuarán monitoreando lo que sucede en Venezuela en materia de DDHH.
Por estas razones, FundaRedes hace el llamado para que se cumplan los derechos de cada ciudadano, en particular con el respeto a los derechos de un defensor de DDHH, quien no ha cometido ningún delito, y que a pesar de defender los derechos de los más vulnerables durante más de 20 años, hoy está detenido de forma arbitraria por el Estado venezolano.
Con información de Comunicado de prensa