La alegría que produjo en los zulianos el anuncio de Corpoelec sobre la suspensión del racionamiento de las cargas eléctricas en la entidad, quedó en el aire al enterarse de que ahora la empresa estatal pretende cobrar a cada suscriptor del servicio, una tarifa de 47 dólares por concepto de consumo energético entre 2018 y 2022, el cual sigue siendo inestable y pésimo.
Corresponsalía lapatilla.com
Para el economista y coordinador de estrategia política de Zulia Humana (ZH), Rodrigo Cabezas, esta imposición tarifaria es una clara agresión contra el pueblo zuliano, cuando muchas familias apenas perciben 13 dólares al mes.
Por tal razón, solicitó al régimen de Maduro cumplir con el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se expresa que “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”.
A juicio de Cabezas, el “gobierno irresponsable” pretende soslayar la grave crisis económica que envileció los ingresos de las familias. “Solo a Maduro se le ocurre la inaudita postura de amenazar a los consumidores residenciales con un pago millonario correspondiente a los últimos cuatro años, si en 60 días no aceptan su propuesta inconsulta. Esto es inaceptable para el Zulia”.
Eduardo Labrador, coordinador regional de Zulia Humana, reprochó que el régimen de Nicolás Maduro pretenda cobrar cuatro años por un servicio que no funciona óptimamente, que es inestable y pésimo.
Para el diputado Labrador, la propuesta del Gobierno Central relativa a cobrar el servicio eléctrico residencial, se hace de manera compulsiva, impositiva, sin ninguna consulta a las instituciones democráticas, entiéndase gobernación, alcaldías, Consejo Legislativo y cámaras municipales.
“Cómo van a cobrar un servicio cuando en 2019 pasamos hasta 14 horas sin electricidad, cuando de cada diez familias a ocho se les ha quemado uno, dos y hasta tres artefactos eléctricos. ¿Quién va a resarcir esas pérdidas?”, se preguntó.
Carlos Virla, coordinador municipal de Zulia Humana, informó que la región cuenta con 770.000 suscriptores, y si se multiplica esa cifra por 47 dólares (que es lo que el régimen pretende cobrar a cada uno de los usuarios), serían 36 millones de dólares. “¿Cuál será su destino de esos recursos? ¿Para qué lo utilizarán?”, cuestionó el dirigente político.