Este lunes la diputada Dignora Hernández Sub Jefa de la Fracción 16 de julio, presidida por el parlamentario Richard Blanco, y Coordinadora de la Subcomisión Especial de Protección a la Familia de la Asamblea Nacional, fijó su contundente e irrebatible posición con respecto al caso de los 130 niños que no pudieron viajar a Perú, a objeto de reencontrarse con sus familiares en el exilio, destacando que, “poco le importa a este régimen la felicidad de los niños venezolanos, en un país donde por desgracia impera la falta de medicinas y la inseguridad cobra vidas inocentes sin que nada de eso les conmueva”, enfatizó.
En ese sentido, indicó que a la tragedia que vive la sociedad se le suma la desestructuración de la familia venezolana, asegurando que el gobierno nacional promueve la emigración de las familias en Venezuela, al no garantizarles el disfrute de los derechos consagrados en el Título III, Capítulo V de la Carta Magna, “esto sin duda ha sido originada por la emigración involuntaria de sus miembros quienes parten de su hogar en búsqueda de un destino mejor que les garantice la subsistencia. Este régimen inclemente le endosa a las familias de nuestro país, su propia negligencia y ahora vierte todo su resentimiento contra los niños, niñas y adolescentes (NNA), como es el caso de los 130 niños retenidos en el Aeropuerto de Maiquetía, los niños muertos por desnutrición y falta de tratamiento médicos así lo confirman, lo único que este régimen le certifica a las familias es mayor pobreza cada día”, apuntó.
De la misma forma Hernández explicó que la Convención Internacional de los Derechos del Niño es clara cuando sostiene que el Estado debe tomar las medidas apropiadas para garantizar que estos sean protegidos contra toda forma de discriminación o castigo, “inclusive esto tiene un factor vinculante en las creencias de sus padres y asimismo señala en su artículo 9 que los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, por ese motivo el régimen tiene el deber de atender toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia de manera positiva, humanitaria y expedita”, manifestó.
Para Hernández ninguna investigación por muy ajustada a derecho que sea debe causar daños emocionales a los niños, “esto jamás debe contemplarse bajo ninguna circunstancia y mucho menos para castigar a sus padres, quienes sin lugar a dudas también están sufriendo al ver despedazada la ilusión de sus hijos y las propias al impedírseles encontrarse en navidad”, precisó.
Agregó que por el contrario a esto, toda medida asumida debe velar por el bienestar de los NNA, “deben propiciarse mecanismos que permitan la unión de la familia, no colocando obstáculos ni cortapisas como la anulación del pasaporte, lo que además constituye una violación a su derecho a la identidad sobre todo en un país donde obtener este documento es toda una proeza dada la discrecionalidad con la cual es otorgado, no existe delito alguno en que unos niños quieran ver a sus padres”, puntualizó.
Destacó que el régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores como responsables directos de separar a las familia venezolanas, deben asumir su responsabilidad al respecto, “y no castigar a estos inocentes de manera inclemente negándoles el reencuentro con sus padres en una fecha tan especial como la navidad, basta con mirar a los ojos a un niño o a un hijo o recordar la propia niñez para entender su significado. No obstante entendemos que poco o nada le puede importar la felicidad de los niños venezolanos en navidad a un régimen indolente al que se le caen los techos de los hospitales, que promueve las colas de hambre, agrava la crisis de salud y en el que la desnutrición compromete el presente y futuro de nuestros niños”, argumentó.
Finalmente expresó su solidaridad con los padres y familiares de los 130 niños venezolanos, con el presidente de la Organización Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, con su esposa e hija y demás miembros de la referida ONG, por este hecho que calificó de aberrante y detestable, a la vez que pidió a toda la dirigencia de la oposición venezolana y de la sociedad civil que apoyaron el diálogo en República Dominicana a elevar su voz ante el mundo para pedir justicia para la familia venezolana y no para levantar sanciones al gobierno de Maduro. “La unidad debe establecerse por encima de los atropellos y no a favor de la continuidad de un gobierno cuyo único interés es obtener legitimación nacional e internacional para garantizarse su permanencia en el poder”, concluyó.
Nota de prensa