Para nadie es un secreto que tener una casa, un hogar para la familia venezolana, se ha convertido en uno de los derechos sociales más difíciles de alcanzar. La Constitución Nacional expresa en su Artículo 82 que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.
Sin embargo, en Colinas de Carrizales, en el municipio Libertador (Carabobo), se construyen, desde hace 4 años, unas Petrocasas prometidas por el gobierno a muchas familias sin techo de Tocuyito y a la fecha no solo no se han construido sino que, al estar paralizadas las obras, expuestas y al abandono, el hampa ha sustraído techos, juegos de baño, ventanas y puertas. Los vecinos ya no soportan más tiempo viviendo arrimados, bajo alquileres o, inclusive, como me comentaba una de las afectadas en el lugar que está a punto de quedarse en la calle: “ahora nadie quiere alquilarle a quienes tenemos hijos”.
Sin perder un ápice de esperanza, quienes deberían ser beneficiados por la construcción de estas viviendas, se han movilizado, realizando protestas y vigilias en las inmediaciones de esa construcción. Las autoridades competentes se niegan a darles respuestas, han sido maltratados por las fuerzas de seguridad y, tildados de invasores, algunos han sido amenazados con prisión. Estamos hablando de familias muy humildes, sin alternativa, con hijos que están pasando mucho trabajo sin un techo al cual llamar hogar. Sorprende el grado de indolencia. Al caminar junto a ellos por las que deberían ser sus casas pude ver el monte creciendo entre las paredes, la destrucción de los robos que han ocurrido allí y, justo al lado de estas obras, una de las casas resalta por no tener ninguna señal de deterioro hamponil, una casa habilitada como sede policial que solo ha servido para ser espectador silente del saqueo de hasta de las pocetas que habían sido instaladas en esas casas sin culminar.
Es necesario recordar que el acceso a la vivienda es un derecho humano, reconocido ampliamente por distintos tratados internacionales suscritos por Venezuela, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce en su Artículo 25.1 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Las autoridades gubernamentales que se nieguen a reconocer estas garantías, además de demostrar su carácter inhumano y antidemocrático, son proclives a ser procesados por graves violaciones a los derechos humanos de los Libertadorenses. No más indolencia, ¡Respuestas Ya!
Julio Castellanos / @rockypolitica / jcclozada@gmail.com