Este miércoles desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario, dio apertura a su acostumbrada reunión, presidida por el parlamentario, Richard Blanco junto a los diputados Chaim Bucarán y Juan Pablo García, los diputados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV), no asistieron; de esta forma los parlamentarios de la Unidad, se encargaron de ahondar en la crisis que en la actualidad se presenta en la Penitenciaria General de Venezuela, (PGV), asimismo, estuvieron presentes algunos familiares de los privados de libertad de ese recinto.
El objeto de la reunión se basó en investigar los recientes hechos suscitados en la PGV ubicada en el estado Guárico, donde uno de los reclusos que ejerce el máximo control del penal, emitió a través de las redes sociales una denuncia a razón del fallecimiento de un interno a causa de la patología conocida como, tuberculosis, toda vez, que han sido acusados de la obtención de granadas fragmentarias, secuestro, entre otros delitos intramuros.
En ese sentido, el ciudadano Larry Méndez, en representación de los familiares de los reclusos, se expresó holgadamente sobre el altísimo costo de la crisis penitenciaria que viven los reclusos en ese establecimiento, por ello, aludió, “estamos claros, quienes están allí cometieron un delito, pero no por esa razón, se le deben violar los derechos humanos, a estas alturas no tienen alimentación. Hay más de 500 niños, más de 2.000 personas que están apoyando a los privados de libertad porque son sus familiares. No es secuestro, están por voluntad propia”, al tiempo que resaltó que el déficit en los medicamentos se ha incrementado copiosamente.
Siendo así, el diputado Richard Blanco, anunció que en reiteradas oportunidades ha intentado comunicarse con la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, sin obtener respuesta alguna, por eso manifestó, “es dramática la situación, la premisa es atender a los familiares de los privados de libertad de la PGV, la crisis sanitaria dentro de este establecimiento es sumamente grave, no permiten el ingreso de medicamentos ni de agua potable”, argumentó.
En proporción a ello, el diputado caraqueño, cumplió con el deber de informarle al país, que desde este 4 de octubre ha recibido llamadas telefónicas por parte de Franklin Hernández, quien se identifica como el “pran” de la PGV, además de otros internos de ese recinto, “plantean que ningún organismo ha recibido las peticiones que han develado, una de ellas, atender a quienes sufren de tuberculosis; los que integramos esta Comisión queremos trasladarnos al referido penal. Es necesario reunirnos con Iris Varela y con el Defensor del Pueblo, el objetivo de reunirnos es tratar una situación que está generando zozobra en la sociedad. Busquemos una solución entre todos. Dejemos de politiquerías y salgamos a trabajar”, infirió.
En ese sentido el presidente de la Comisión Penitenciaria de la Asamblea Nacional, con arraigo comentó, “si bien es cierto que un ciudadano cuando comete un delito debe pagar por ello con toda la rigurosidad de la Ley, no es menos cierto que una vez que ese venezolano pasa a calidad de detenido, el Estado debe responder por los derechos humanos de ese privado de libertad. Hay un principio del Estado de derecho y ese derecho tiene que respetarse”, concluyó.
Cabe destacar que los diputados de la Unidad, Chain Bucaram y Juan Pablo García, en la colosal capacidad de sus conocimientos legales, se mostraron dispuestos a colaborar ampliamente en la resolución del conflicto carcelario.
Nota de prensa