Los delitos de tortura y tratos crueles tiene una línea muy delgada para diferenciarlos. Tanto así, que de los casi 70 casos que Foro Penal Venezolano esta documentando sobre víctimas de estos terribles delitos, casi todos podrían entrar en la definición de tortura. Los tratos crueles han continuado aún después de que las personas han sido aprehendidas, y el castigo ha sido perpetrado con saña para castigar e intimidar a la víctima.
Lamentablemente y a pesar de la apariencia que el gobierno quiere darle a los cancilleres de la UNASUR de que han logrado controlar las manifestaciones en todo el país, la represión continúa. Y con ella viene lo que los diferentes voceros de los organismos del estado les gusta llamar “excesos” en el uso desmedido de la fuerza pública y en el maltrato contra los manifestantes.
Estos “excesos” varían según desde el punto de vista con que el ciudadano quiera verlo. Ha habido por ejemplo incendios dentro de residencias producto de bombas lacrimógenas lanzadas a propósito a los apartamentos, como perdida de muebles y electrodomesticos producto del agua que las ballenas dirigen a los edificios, carros chocados por tanquetas, puertas de entradas destrozadas por la fuerza pública al querer entrar de forma violenta, entre otros tantos casos que dañan la propiedad privada que ha sido lo menos reseñado.
Pero los “excesos” que me indignan y asquean y que me parece una burla que sean descritos tan ligeramente como focalizados y no se haya hablado de que tenemos un problema grave dentro de los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional, son los que se han cometido contra la población civil, en su mayoría, jóvenes que podrían ser los hijos de cualquiera de nosotros, sin distinción de colores políticos.
Gloria Trombón y su hija, fueron torturadas en Rubio, Estado Tachira. Gloria recibió descargas eléctricas en sus senos y partes íntimas, mientras permanecía vendada. Ambas fueron golpeadas, maltratadas y humilladas, todo dentro de una guarnición militar. Los 9 detenidos – cuatro de ellos menores entre los 12 y los 17 años- de las Residencias Karimanparu en Puerto Ordaz fueron torturados por personas vestidas de civil, salvajemente golpeadas, con las armas largas que cargaban, puños y cascazos. Luego fueron entregados a funcionarios uniformados de la GNB que siguieron golpeándolos dentro de la tanqueta en el que los trasladaron al destacamento 88 de dicha fuerza. Uno de los menores, una joven de 17 años de edad fue sometida a actos lascivos por parte de uno de los civiles que actuó en la aprehensión, en presencia de los funcionarios uniformados y demás detenidos. Esta joven presentó graves golpes en sus glúteos, laceraciones en las piernas, golpes fuertes en los tobillos que le impedían caminar correctamente en la audiencia. No podemos olvidar la violación de la que fue objeto Juan Manuel Carrasco en el momento de su aprehensión en Carabobo, cometida por un funcionario de la GNB y de las torturas a las que fue sometido junto a sus compañeros.
La semana pasada supimos de los “excesos” que presuntos funcionarios que se identificaron como pertenecientes a la División de Inteligencia Militar le propinaron al Cap. GN (R) Juan Carlos Nieto, luego de que se lo llevarán de un centro comercial en Caracas esposado, sin orden de aprehensión y además fingieran horas más tarde un secuestro. Las torturas a las que fue sometido durante 48 horas, dejaron severos daños físicos en su cabeza y cuerpo, ya que lo expusieron a descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas y terribles golpes en todo el cuerpo.
La Organización Amnistía Internacional recogió en el informe que acaba de presentar sobre los sucesos ocurridos los últimos días, el “exceso” a los que fue sometido Daniel Quintero, estudiante de 21 años en Maracaibo el día 21 de febrero: “Lo primero que recibí fue patadas en la cara, golpes en la cara, patadas en la costilla, cachazos en la frente. Ya en las instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante me dijo que me iba a quemar. Y a su lado derecho tenía un bote de gasolina, alambres y fósforo”. A Daniel lo metieron en el calabozo desnudo. “Me esposaron la mano izquierda a nivel de mis pies a la pared. Me pusieron dos reglas: que no podía dormir (…) y que tenía que* estar con los pies juntos,* mano derecha tocándome los tobillos y el ombligo prácticamente pegado a los muslos”.
A medida que voy escribiendo este artículo para ustedes estimados lectores, va creciendo en mi la preocupación que hoy quiero transmitirles. Como estos testimonios aquí narrados, tenemos cientos, porque ya no se cuentan por decenas sino por centenas. Porque hasta el que menos ha recibido tratos crueles, ha sido víctima de patadas, golpes con la culata de las armas, violencia verbal, amenazas de violación, amenazas de muerte e intimidación. Conocí a un niño de 16 años al que se llevaron encapuchado a un galpón donde había otros como él y por ser menor de edad, sólo lo quemaron con un yesquero.
Entonces mi pregunta va dirigida a quienes le han respondido al clamor popular que ha exigido respuestas con esta frase: “se han cometido algunos excesos”. ¿EXCESOS? ¡ No señor! se han cometido terribles torturas y tratos crueles e inhumanos contra cientos de venezolanos en los que han participado todos los organismos de seguridad del Estado, incluyendo la FAN. Hay que llamar las cosas por su nombre para comenzar a hacerle justicia a quienes han sido víctimas del abuso de quienes tienen el poder y las armas. Los ciudadanos así lo exigen. La fiscalía ha anunciado la investigación y aprehensión de algunos de esta funcionarios. Ojalá estas investigaciones nos aclaren si estos miembros de los organismos de seguridad que ya están detenidos, actuaron con la alevosía que lo hicieron por decisión propia y además se les haga a todos un estudio psicológico y psiquiátrico para saber las motivaciones que los llevaron a cometer las atrocidades que realizaron.
Pero también es importante determinar quienes son sus superiores, quienes estaban al mando de la operación o de las acciones en las que participaban los agresores y porque no fueron reportados los “excesos” cometidos por sus subalternos a pesar de las denuncias hechas. Es decir, nadie puede alegar el desconocimiento de un hecho punible cuando se tiene la responsabilidad de estar al mando de una fuerza pública que está actuando en la calle contra civiles y más cuando dichas personas son llevadas detenidas al sitio de su comando. Es muy preocupante para los ciudadanos saber que estos victimarios se han puesto “creativos”, no obedecen órdenes y no respetan la ley y los Derechos Humanos. Porque entonces, cabría la pregunta que me he repetido mil veces los últimos 70 días y que todos los que viven en nuestro país sin distinción de colores políticos tienen que hacerse en estos momentos tan delicados: ¿Quienes son? ¿Qué nos pasa como sociedad?